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Mariano Rajoy, el presidente en funciones de España, durante un debate en el Parlamento. Credit Pierre-Philippe Marcou/Agence France-Presse — Getty Images
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MADRID — Hace cinco años, Bélgica alcanzó una dudosa notoriedad cuando pasó 589 días sin elegir su gobierno. Aunque España aún no supera el récord belga, va hacia allá.

España ha iniciado su quinto mes sin gobierno pero es muy probable que pase un semestre o más en el limbo político; muchos analistas ya predicen que los españoles podrían superar a los flamencos y valones en la categoría de discordia política.

En estos días, “circo” es una palabra que se escucha mucho cuando se habla de política.

Después de que en la elección de diciembre no hubo un claro ganador debido a la dispersión de votos entre los cuatro partidos principales, esas organizaciones han fallado al negociar un gobierno de coalición. Mientras los políticos se pelean sin cesar, el único consenso es que el país ha entrado en aguas desconocidas.

Mariano Rajoy, el presidente en funciones, se aferra a su cargo después de rechazar una oferta del Rey Felipe VI para formar un gobierno. Sus ministros se niegan a reconocer al congreso que resultó de las elecciones o incluso a negociar con los legisladores. El nuevo congreso ha llevado al gobierno a los tribunales por no reconocer su legitimidad y, a su vez, tampoco reconoce la legitimidad de Rajoy.

Así están las cosas.

No se suponía que sucediera esto. Una nueva generación de líderes políticos había prometido que el voto de diciembre podría marcar el comienzo de un periodo de cambio y reformas constitucionales.

Sin embargo, España está al borde de la crisis constitucional. El orden del día es la esclerosis institucional, una gran cantidad de posturas y “por lo general, un momento de gran confusión”, dijo Rubén Amón, columnista del diario El País.

“Los políticos han proyectado la mala imagen de que todos los líderes de los partidos han puesto su supervivencia personal por encima del interés general”, comentó Amón.

No se trata de que la percepción pública de los políticos pudiera sufrir menos en un país donde prácticamente todos los partidos se han visto involucrados en escándalos de corrupción en los últimos años. Pero el debilitamiento de la fe de los españoles en sus instituciones políticas puede ser lo único que se ha logrado desde inicios de este año.

El debate parlamentario de este mes es una muestra de la crisis. Se suponía que la sesión del 6 de abril le daría a los legisladores la oportunidad de desafiar a Rajoy al cuestionarle por qué su gobierno apoyó el polémico acuerdo de la Unión Europea que devolverá a Turquía a los refugiados no deseados.

Pero las consideraciones humanitarias rápidamente dieron paso a las tensiones personales entre los líderes de los dos partidos emergentes de España: Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos.

Los dos hombres, ambos en sus treintas, se han presentado como la nueva generación de políticos españoles. Pero esta nueva generación se parece un poco a la anterior, ya que se lanzaron acusaciones de amiguismo.

Fue parte de lo que Luis María Anson, un veterano periodista, llamó “un espectáculo deprimente” desde las elecciones de diciembre. En una reciente columna en el diario El Mundo, él argumentó que la política española se ha convertido en un circo “donde los dirigentes de los partidos políticos se exhiben haciendo las más pintorescas piruetas para alarma de los asqueados ciudadanos”.

Manuel de la Rocha Vázquez, asesor del Partido Socialista, sugirió que ese tipo de combate político es inevitable en esta era en que la cobertura de noticias dura las 24 horas del día.

“Hay una gran demanda de información y declaraciones, por lo que la política se ha convertido en un gran teatro con muchas conferencias de prensa y entrevistas, pero muy poca sustancia”, dijo.

Pero mientras la mayoría de los legisladores han tratado de acaparar la atención de los medios de comunicación, Rajoy y su gobierno han brillado por su ausencia. Ese patrón de distanciamiento comenzó incluso antes de las elecciones, cuando el presidente en funciones se negó a debatir con la mayor parte de sus oponentes.

Cuatro de sus ministros se han negado a comparecer ante las comisiones parlamentarias para defender las recientes decisiones, con el argumento de que un gobierno solo tiene que responder ante un congreso que haya sido elegido y no ante una asamblea cuyas posibilidades de supervivencia son escasas.

En todo caso, José Manuel Soria se vio obligado a renunciar como ministro de Industria después de haber sido vinculado a los Papeles de Panamá y a actividades empresariales en el extranjero. Rajoy, a su vez, se ha negado a hablar ante los legisladores sobre la renuncia de Soria.

Como era previsible, los políticos de la oposición se han aferrado a la falta de rendición de cuentas del gobierno.

“El gobierno en funciones debe estar, más que nunca, sujeto al control parlamentario, ya que su legitimidad está disminuida”, dijo recientemente el dirigente socialista Pedro Sánchez en el congreso. “Un gobierno en funciones no es un gobierno fuera de control”.

Al sentirse rechazados, los legisladores votaron este mes para llevar al gobierno a la Corte Constitucional de España por su negativa a reconocerlos plenamente.

Esta parálisis del gobierno tiene muchas consecuencias.

El gobierno regional de Cataluña avanza en su plan para separarse de España. Por otro lado, Bruselas advirtió recientemente sobre el deterioro de las finanzas públicas de España después de que Madrid no alcanzó su meta de déficit para 2015.

El vacío de liderazgo también se traduce en inseguridad jurídica por lo que los políticos de la oposición se han comprometido a desmenuzar varias propuestas presentadas por Rajoy. Algunos ejemplos son la legislación educativa y laboral, un nuevo impuesto sobre la energía solar y una medida para restringir el derecho a realizar protestas públicas.

Este martes, el Rey Felipe VI acabó una ronda final de consultas con un comunicado que dejó claro que se había llegado al punto muerto. El rey no propondrá ningún candidato a la investidura, por lo que sin un acuerdo de última hora, es inevitable una nueva elección el 26 de junio.

Pero el desencanto es tal que los analistas predicen que muchos españoles ni siquiera se molestarán en votar.

Francesc Homs, un legislador independentista catalán, dijo que espera una caída del 10 por ciento de la participación. En octubre, Portugal también realizó unas elecciones no concluyentes, señaló, pero se formó un nuevo gobierno en dos meses.

“Nadie ha tenido que repetir las elecciones así”, dijo Homs. “Estoy seguro de que si eso sucede, se disparará una gran preocupación en toda Europa y a nivel internacional”.

Clara Alfaro, una diseñadora de zapatos en Madrid, dijo que si se realizaba una nueva elección en junio votaría “porque esta situación tiene que desbloquearse de alguna manera”.

“Si este fuera un país donde los políticos realmente se preocuparan por el funcionamiento de España, ya se habrían puesto de acuerdo”, dijo.

José Gómez, un estudiante de arquitectura y activista del partido Podemos, describió las recientes conversaciones de coalición como “una broma”.

Después de las elecciones de diciembre, todos los líderes de los partidos “sabían que estaban demasiado aferrados a sus posiciones como para formar un gobierno”, dijo. “Por lo tanto, se trata de organizar un circo hasta las próximas elecciones”.

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